Los pinchazos telefónicos otra vez a debate El denominado ‘Plan Libertador’

El denominado 'Plan Libertador' que consistirá en un sistema de 'pinchazos o escuchas' telefónicas, ya tiene sus detractores en la Corte Suprema de Justicia y en la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH).
El solo anuncio de este plan ya generó polémica y se cree que ningún juez podrá dar su aval para que se conculquen los derechos de las personas y menos las organizaciones que dicen defender los derechos humanos.
Atentado contra la honra
Es así como el magistrado de la Tercera Sala de lo Penal de la CSJ, Hernán Ulloa, dice que el 'Plan Libertador' es atentatorio a los derechos constitucionales de las personas, como es la privacidad, el derecho a la intimidad, el libre albedrío y la honra.
Cree que poner en vigencia un plan de esta naturaleza significaría regresar a etapas muy grotescas y protervas del pasado, propias del nazismo.



El magistrado dice que no se justifica que se intente legalizar una vieja práctica ilegal, como eran los 'pinchazos telefónicos'. Las cosas negativas jamás pueden legalizarse y menos las que signifiquen un atropello a las garantías y derechos de las personas, agrega.
Aclara que a título personal hace estas reflexiones, pero si alguien le pide un criterio, la respuesta será la misma y desde el punto de vista legal, se negaría a propiciar un ambiente de incertidumbre e intervensionismo.
Es más, señala que ni la lucha contra el terrorismo justifica generalizar este intervencionismo, porque la ley actual establece casos de excepción para perseguir el delito o al delincuente, y solo una vez cumplidas las formalidades, con pedido fiscal y orden judicial, se puede intervenir una o más líneas telefónicas, no sin antes también haber precisado las razones y las causas para la adopción de esta medida.
Desde los DD.HH.
Para Alexis Ponce, de la APDH, este plan no es otra cosa que la legalización de una acción que por lo menos en los últimos 15 años se hacía de manera ilegal.
Este defensor de los derechos humanos aspira a que se transparenten las políticas o estrategias de intromisión en la vida profesional, pública y privada de los ecuatorianos. Agrega que solo cuando exista un caso concreto de violación a los derechos de una persona, la APDH hará lo que hizo la comunidad de Derechos Civiles de los EE.UU., que es interponer primero los derechos humanos, como principio dogmático de cualquier carta fundamental y de legislación internacional, sobre los derechos de seguridad que tienen los Estados.